Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Cifrado, la Coalición de Infraestructura de Internet (i2Coalition) ha encendido todas las alarmas sobre el futuro de la privacidad digital y las VPN. A través de la publicación de su informe titulado «Las VPN en riesgo», el grupo que agrupa a gigantes tecnológicos como Google, Amazon y Cloudflare junto a las principales firmas del sector de la ciberseguridad como ExpressVPN, NordVPN y Surfshark, advierte que someter a estas herramientas a obligaciones legales de bloqueo antipiratería supone un grave peligro para la arquitectura global de seguridad en la red.
El documento indica cómo las exigencias regulatorias que comienzan aplicándose a los proveedores de servicios de internet y a los servidores DNS están migrando de forma progresiva hacia capas más profundas de la infraestructura digital. El antecedente más preocupante es Francia, donde los tribunales ordenaron a las plataformas de VPN más populares bloquear direcciones de dominios de retransmisión pirata e IPTV de fútbol y otros eventos deportivos a petición de grandes operadores de televisión. Aunque estas resoluciones se encuentran a la espera de un fallo definitivo del Tribunal Supremo francés, sientan un precedente de enorme al intentar convertir a las VPN en herramientas de control de derechos de autor.
La contienda judicial ha saltado al terreno legislativo en Estados Unidos, donde el Congreso analiza dos iniciativas parlamentarias que se contradicen. Por un lado, la propuesta de la Ley de Protección de los Derechos de Autor de Estados Unidos (ACPA) busca autorizar a los tribunales a emitir órdenes de bloqueo dirigidas a proveedores de VPN con más de 100,000 usuarios activos. En el extremo opuesto, el proyecto DEFEND IP Act aboga por excluir a los servicios de VPN de este tipo de requerimientos para evitar la degradación de las herramientas de cifrado comercial, tal y como cuenta Torrentfreak.
El argumento técnico central del informe subraya que resulta extremadamente complejo filtrar o interrumpir el tráfico de un protocolo VPN sin degradar la seguridad general del sistema. El acceso a estándares universales como OpenVPN o WireGuard, integrados en millones de dispositivos, obligaría a las empresas a suspender o cancelar cuentas ante una simple sospecha de un uso indebido. Este tipo de legislaciones para restringir el acceso a herramientas esenciales, perjudican a millones de usuarios legítimos que dependen de ellas para su comunicación.
La coalición solicita a los legisladores que mantengan la responsabilidad en la capa técnica donde realmente reside el control del contenido ilegal. Apoyándose en la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso, confirman que no es adecuado imponer una vigilancia generalizada ni obligar a las VPN a supervisar la infracción indirecta de derechos de autor, al estar en juego las garantías de colaboración con estos servicios ante los filtros informáticos que imponen la confianza en la infraestructura global de internet. «Proteger a las personas debe incluir proteger las herramientas», afirman.
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